jueves, 29 de octubre de 2009

La necesidad de financiación pública y privada, el gran reto en la lucha contra el cambio climático


En sólo unas pocas semanas, más de 190 naciones se reunirán en Copenhague en una cumbre vital para la salud medioambiental del planeta en años venideros. El protocolo de Kioto entonará su canto del cisne en diciembre para ser reemplazado por nuevos programas, nuevas premisas, nuevos métodos y -todos lo esperan- armas más potentes para luchar contra un enemigo cada vez más robusto y envalentonado: el cambio climático, protagonista en los últimos tiempos de discusiones y desacuerdos sin fin sobre la asunción de responsabilidades de cada estado, como la surgida en la última reunión de la Unión Europea, este mismo mes, donde los ministros de Economía y Finanzas decidieron posponer la decisión sobre la ayuda financiera que necesitan los países en desarrollo para recortar sus emisiones de dióxido de carbono y hacer frente a los efectos del cambio climático ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo.

Ante la sarta de interminables discusiones que no dejan de producirse- sobre todo entre los países desarrollados- Naciones Unidas sigue empleando sus últimos cartuchos en la búsqueda de pactos y conciliaciones antes de las reuniones de diciembre. El penúltimo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) profundiza en la búsqueda de mecanismos de financiación pública que aumenten las inversiones del sector privado para encontrar soluciones al problema medioambiental

El documento, “Catalysing low-carbon growth in developing economies” esboza mecanismos para poner en movimiento inversiones en tecnologías con baja emisión de carbono en las economías en desarrollo. El estudio prevé que gran parte del dinero provenga del sector privado, pero contando con un fuerte impulso de las políticas públicas.

LOS TRES EJES DE LA LUCHA: FINANCIACIÓN, TECNOLOGÍA Y BUENA GOBERNANZA

Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), la inversión total necesaria para evitar que el cambio climático se vuelva más letal de lo que ya es, sería de un billón de dólares anual. La mitad de esta cantidad podría provenir del “traslado” de las inversiones en tecnologías convencionales hacia sus análogas bajas en carbono, y la parte restante provendría de inversiones adicionales, un desafío que, según el PNUMA, puede ser alcanzado ya que esa cantidad representaría en el año 2030 menos del 3% de toda la inversión a nivel mundial. Contando, evidentemente, tanto con las inversiones privadas como con las necesarias subvenciones públicas.

En caso de que las subvenciones públicas se “rediseñen” para maximizar el efecto de la financiación privada dedicada a la lucha contra el cambio climático, los más favorecidos serían los países emergentes, según las previsiones de Naciones Unidas y el plan diseñado por el PNUMA en su informe, que asegura que los inversores institucionales-fondos de pensiones, fondos soberanos de riqueza…-podrían proporcionar una gran parte del capital necesario. El dinero público se emplearía para reducir los riesgos de la problemática medioambiental, así como para acometer acciones de mitigación apropiadas a nivel nacional. Así pues, el llamamiento del PNUMA a los gobiernos mundiales está claro: la necesidad de liquidez se hace perentoria y su contribución es vital.

Pero si la necesidad de financiación en la lucha contra el cambio climático es muy importante, no lo es menos la tecnología que soporta y sostiene los proyectos acometidos. Sólo mediante avances tecnológicos significativos se puede hacer realidad la transformación hacia un futuro de adaptación climática y emisiones reducidas. Así pues, se solicita a su vez la creación de un mecanismo que garantice a los países en desarrollo la disponibilidad de tecnologías adecuadas en materia de mitigación y adaptación.

Una buena gobernanza global que sustituya al actual murmullo de fondo de discusiones y desacuerdos es también una medida urgente y no menos esencial. El acuerdo de Copenhague debe incorporar arreglos institucionales eficaces y transparentes. Una buena gobernanza equitativa ha de estar basada en una representación equilibrada y en el respeto de las prioridades de los países en desarrollo.

EUROPA SE SUMA A LA FINANCIACIÓN

La necesidad de liquidez para combatir el problema del cambio climático es tan evidente que también el viejo continente ha decidido hacer algún esfuerzo al respecto. La Comisión Europea ha propuesto un plan para aumentar la financiación internacional destinada a ayudar a los países en desarrollo a combatir el cambio climático, que requerirá de un ambicioso acuerdo a tomar en las reuniones de diciembre. La Comisión basa su estrategia en el cálculo de la cuantía necesaria y la consiguiente contribución equitativa de la Unión Europea. El organismo admite que, como líder mundial de la lucha contra el cambio climático, quiere contribuir en la medida en que le corresponde al esfuerzo financiero mundial.

Bruselas pretende acometer la necesidad de financiación desde distintos frentes. Por una parte, mediante la financiación privada en los propios países en desarrollo y la aplicación de políticas de bajo coste para limitar el aumento de emisiones en estos países, en particular mediante mejoras de la eficiencia energética. A esto se sumaría la ampliación del mercado internacional del comercio de derechos de emisiones que podría generar hasta 38.000 millones de euros al año, siempre que, según advierte el organismo, el acuerdo alcanzado en Copenhague recoja la ambiciosa postura de la UE.

La Comisión Europea deja en último lugar a la financiación pública, relegándola a cubrir “las restantes previsiones financieras” no satisfechas con las otras fuentes. Respecto a sus cálculos, mucho más modestos que los de la IEA, la Comisión alude a unas necesidades de financiación pública internacional de entre 22.000 y 50.000 millones de euros al año, una contribución que debería provenir de los países desarrollados y los países en desarrollo económicamente más avanzados, según un baremo común que refleje la responsabilidad de cada país en las emisiones de gases de efecto invernadero y su capacidad de pago. Aplicando ambos criterios, la contribución de la UE sería de entre 10% y 30% del total.

Estos buenos propósitos contrastan fuertemente con los decepcionantes resultados alcanzados por los mandatarios europeos el pasado 20 de octubre en relación al tema medioambiental, cuando los Veintisiete fueron incapaces de lograr un consenso relativo a la ayuda financiera requerida por los países en desarrollo para combatir el cambio climático. La dificultad, como en anteriores ocasiones, radicó en decidir cuánto debe aportar cada Estado miembro de la UE a los países en desarrollo.

Así pues, la concreción, la precisión y la puntualización se están convirtiendo en ingredientes a echar en falta en los informes, reuniones, mesas redondas y debates de los líderes internacionales. Ingredientes que se hacen tanto más necesarios cuanto más se acerca la fecha de una Cumbre de la que depende por completo la salud ambiental del planeta y, por extensión, la de los seres humanos.

28/10/2009, para Intelligence & Capital News Report

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