jueves, 22 de julio de 2010

El concepto Gobierno Corporativo se reinventa a través de la adaptación, el diálogo y el desarrollo de una nueva ciudadanía corporativa


La importancia de un gobierno corporativo concienciado, coherente, honesto y responsable ha quedado patente a raíz de que las grandes compañías se viesen obligadas a poner sus barbas a remojo tras turbulentos escándalos como los padecidos por gigantes como Worldcom, Parmalat o Enron, provocados nada menos que por un cúmulo de malas prácticas y una gestión impasible, despreocupada hacia las necesidades de los stakeholders y voraz en todo lo relacionado con la búsqueda del beneficio a corto plazo. Desde entonces, ha quedado meridianamente claro que es imprescindible controlar y supervisar las actividades de la compañía para equilibrar los intereses externos e internos creando valor a largo plazo. Tanto para las grandes multinacionales como para las empresas medianas y pequeñas, se hace necesario un buen gobierno que reduzca los conflictos, fomente la transparencia y regule los mecanismos de control interno.Es evidente que la necesidad de buscar respuestas responde al clima de absoluta desconfianza que reina en la actualidad entre todos los grupos de interés. Un pasado cuajado de medidas de infravaloración del riesgo y persecución a toda costa del “cash” les pasa ahora factura a las empresas, que ven oscilar sobre sus respectivas marcas el gran interrogante que la sociedad se plantea acerca de las vías que las compañías van a seguir para subsanar sus errores y afianzar nuevo clima empresarial más transparente, más dialogante, realmente sostenible en el tiempo.

TRANSPARENCIA Y CONTROL

Así, el tumultuoso escenario económico actual- con las nuevas tendencias de gestión corporativa, el  dubitativo papel del sector público y la creciente relación con los actores sociales a flor de piel- se revela como el escenario ideal para debatir acerca de las últimas tendencias de gobierno corporativo; el caldo de cultivo apropiado para un brainstorming que ha tenido lugar durante las últimas semanas con la celebración de la quinta edición del Foro de Gobernanza de Yale,  que ha puesto sobre la mesa los temas más recurrentes y delicados del gobierno empresarial.  Así, han saltado a la palestra temas tan controvertidos como la cada vez más intrincada relación Empresa-Estado, la necesidad de los consejos de administración de adaptarse a las nuevas realidades, los retos de los CEOs en el nuevo escenario económico más sostenible o la necesidad de Códigos de Buen Gobierno Corporativo como garantía de control y transparencia.

Ciertamente, no son pocos ni baladíes los temas que pueden desarrollarse a la hora de abrir un debate sobre gobierno corporativo, y el Foro de Yale arroja un puñado de buenas- y nuevas-ideas que merecen atención. Cabe afirmar que el buen gobierno se basa en principios lógicos como la equidad, la honestidad y la justicia, tanto para con los grupos de interés como para la sociedad en general, según establecen los estándares de Basilea II y los principios que podemos encontrar en la regulación internacional. El tratamiento equitativo de los accionistas y la presencia de los grupos de interés social en el gobierno de las sociedades son asimismo requisitos indiscutibles de la buena gestión corporativa. Además, el diálogo y la honestidad empresarial son dos instrumentos básicos del gobierno corporativo pluralista, en el que las distintas partes implicadas son consideradas de manera equilibrada y donde los intereses de unos pocos no prevalecen sobre los intereses de los demás.

De entre los temas más candentes, la transparencia corporativa sigue liderando la lista de preocupaciones de empresas y stakeholders. De hecho, son cada vez más las compañías que se ven en la necesidad de pulir sus informes de gobierno corporativo, segando la información exagerada o “buenista” y ganando en precisión a la hora de responder a cuestiones sobre supervisión y control.  


En el caso de España- y no es el único- las necesidades del bueno gobierno corporativo encuentran respuesta más en las iniciativas aisladas de organismos e instituciones que en un plan riguroso y prefijado de antemano por las propias compañías. Importante es el papel que juega la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) a la hora de contribuir a la transparencia corporativa en España. Desde su creación en 1979, el organismo creó la Comisión sobre Principios Contables, cuya tarea se centró en la fijación de los principios y normas contables más aplicados en España, recogidos posteriormente por el Plan General de Contabilidad de 1990 que se encargó de oficializarlos. Se llenó de ese modo el hueco existente en la regulación contable y se suministraron herramientas que fomentasen la transparencia de la información contable publicada por las empresas españolas, sirviendo asimismo de soporte al desarrollo de la regulación contable oficial, que iba llevándose a cabo en forma de Adaptaciones sectoriales y otras diversas normas publicadas por el ICAC. Otras importantes acciones en pro de la transparencia informativa llevadas a cabo a AECA han versado sobre Nuevas Tecnologías y Contabilidad, con una especial atención al reporting digital y al desarrollo del lenguaje XBRL para la publicación de los estados financieros en Internet; y a la Responsabilidad Social Corporativa.

CIUDADANÍA Y ESTADO

Igualmente vertiginoso es el nuevo concepto de “ciudadanía corporativa” que acompaña a la progresiva- y enmarañada- red de relaciones entre Empresa, Estado y Sociedad que constituyen un núcleo de análisis para un futuro inmediato. Un Estado comprometido con el buen gobierno y un buen “ciudadano corporativo” son aquellos que están activamente comprometidos con la promoción de las buenas actuaciones de la empresa en la sociedad. Esta noción, aplicable al sector publico y a la ciudadanía, inspira responsabilidades y derechos individuales en el seno de una comunidad política, teniendo como concepto clave la “participación” en la sociedad más que una serie de derechos y obligaciones individuales. Últimamente  ha cundido incluso el término de “ciudadanía corporativa global” que aúna la anterior definición al fenómeno de la globalización.

Esta teoría supera la idea de que la empresa es un ente aislado de la sociedad en la que se integra, exclusivamente sometido a la bipolaridad mercado-Estado. Supera también la tradicional concepción que reduce los negocios a un propósito económico; y sin embargo, adolece del defecto de estar asentada sobre cimientos difusos, resultando muy difícil determinar cuáles son los estándares globales de la ciudadanía empresarial.

Así pues, existe todavía un largo camino por andar en el espinoso campo de las definición del buen gobierno corporativo, sus lazos con la Responsabilidad Social, y su futuro en el nuevo modelo productivo.  A pesar de todo, cabe afirmar que si bien puede ser que el bueno gobierno, por sí sólo, sin más apoyos, no salve de la crisis a las compañías, no se debe obviar que las prácticas que lo conforman son un elemento harto importante de aquellos que, unidos, pueden ser realmente el candado necesario para dejar atrás la situación de incertidumbre y falta de confianza. Y es que las prácticas de buen gobierno constituyen uno de los ingredientes de la empresa responsable, junto con el respeto por el medio ambiente, el compromiso social, la sostenibilidad económica y financiera y la existencia de balances sólidos

22-07-10 para iCNr

lunes, 19 de julio de 2010

Integración entre Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social, el último eslabón de la empresa transparente

Los efectos de la última crisis económica han ido mucho más allá de la habitual parálisis económica y del consumo que suele acompañar a las situaciones de recesión. En esta ocasión, la quiebra de los grandes gigantes financieros y el derrumbe de las estructuras económicas tradicionales han ido acompañados de una profunda sensación de desesperanza y hastío social, de desconfianza hacia las promesas que afloraban vacías desde los púlpitos, hacia amenazas cada vez más tangibles como la corrupción empresarial, los peligros del cambio climático o los oscurantismos empresariales. La recesión económica ha dado lugar a una “depresión de la confianza” y a la búsqueda incansable de un nuevo modelo económico donde la transparencia, la responsabilidad y los principios éticos se abran paso como adalides de un nuevo escenario más sostenible.
En este orden de cosas, la Responsabilidad Social Corporativa surge como respuesta a la necesidad de las compañías de recuperar, a través de un diálogo fluido y honesto, la confianza de los grupos de interés. Impregnado informes, revistiendo webs corporativas y protagonizando campañas de comunicación, la RSC se encuentra todavía separada, sin embargo, de otro de los grandes hitos en la recuperación de la confianza y el mantenimiento de la reputación de las empresas: el gobierno corporativo. Así pues, en España las cotizadas siguen respondiendo anualmente a las cuestiones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores acerca de remuneraciones, consejeros y mecanismos de auditoria y control a la vez que dan a conocer, por separado, su vertiente social y ambiental plasmada en los informes de sostenibilidad o responsabilidad social. Pero el caso es que Responsabilidad Social y Buen Gobierno Corporativo son dos términos estrechamente vinculados que necesitan y deben integrarse como piezas que son del trabajoso puzzle de la nueva empresa responsable.

En cierto modo, la necesidad de integrar la información social y medioambiental con la relativa a gobierno corporativo enlaza con las últimas pautas de la Global Reporting Initiative. El organismo ha apostado recientemente por un único informe, el “Rethink Rebuild Report”, fijando el ambicioso objetivo de que hacia 2020 deberán existir unos estándares que aúnen los indicadores financieros, los sociales  los medioambientales. Para ello, se ha creado el “International Integrated Committee Secretary” que presidirá en el Príncipe de Gales. Por la integración aboga también la consultora KPMG, que ha concluido tras una investigación al respecto que el vínculo entre todas las vertientes empresariales conlleva una mayor valoración por parte de los mercados. El estudio “Información Integrada”, elaborado por la consultora, señala que durante 2008 salmente un 3% de las entidades del Global Fortune 250 presentaron sus informes de manera integrada, una tendencia que va claramente en aumento.

Se llega de este modo, en conclusión, al todavía poco hollado terreno de la “Triple Bottom Line”, herramienta para  la que las dimensiones social, financiera y medioambiental soportan de forma equitativa el peso de la compañía. La primera de ellas promueve la calidad de vida de sus empleados-en su dimensión interna-y contribuye al bienestar del país o la comunidad donde la empresa actúa- en su dimensión externa. La segunda se encarga de maximizar los resultados económicos a largo plazo, y la tercera no solo trata de paliar el impacto de las operaciones y los productos de la empresa en el medioambiente, sino que va más allá para crear valor ambiental  reparando en la medida de lo posible los daños al ambiente causados en el pasado.

Los informes y estudios avalando los méritos de la nueva herramienta proliferan por doquier. Recientemente,  McKinsey Quaterly ha dado a conocer un informe titulado “Valuing social responsibility programs” que muestra cómo algunas compañías están obteniendo beneficios financieros de sus iniciativas responsables. Para ellas, la piedra angular sigue siendo la información, un tesoro difícil de obtener ya que muchos datos son cualitativos y es difícil cuantificarlos . Según John Prestbo, presidente de los Índices Dow Jones, está comprobado que compañías a nivel mundial que se apoyan en las tres “patas” de la nueva herramienta, tienden a tener un perfil más favorable, caracterizado por la mayor utilidad económica y la disminución de los riesgos. Esto es debido a que, según él, la búsqueda de sostenibilidad se vuelve una “buena aproximación para una administración visionaria y disciplinada, y este tipo de administración es precisamente el factor más importante para los inversionistas”.

BUENA GESTIÓN  Y TRANSPARENCIA

Ciertamente, la integración de Responsabilidad Social y Gobierno corporativo ha de ir mucho más allá de las promesas empresariales en pro de una gestión más transparente, de una mayor cantidad de fondos destinados a inversiones sociales o un menor porcentaje de emisiones contaminantes. El vínculo ha de ser real y efectivo, y es precisamente en los informes  o memorias- cauce ideal de comunicación con los stakeholders- donde debería empezar a manifestarse. El problema radica en que hasta la fecha los informes de Gobierno Corporativo se han orientado a los accionistas como público mientras que las cuestiones relativas a la sostenibilidad y la responsabilidad social se dirigían a calmar la desconfianza de los stakeholders como colectivo global constituido por los clientes, empleados, ONGs, proveedores, etc.  Sin embargo, la verdadera transparencia corporativa es la que concede la misma difusión a uno y otro concepto, más allá de las vestiduras “buenistas” que se dejan ver todavía en buena parte de la información “responsable” que se publica de cara a la sociedad.
La importancia de un buen gobierno corporativo comenzó a saltar a la palestra a la raíz de escándalos financieros como los de Worldcom, Parmalat o Enron, provocados por las malas prácticas y la gestión impasible. Desde entonces, ha quedado meridianamente claro es imprescindible controlar y supervisar las actividades de la compañía para equilibrar los intereses externos e internos creando valor a largo plazo. Si para las grandes multinacionales se hace necesario un buen gobierno que reduzca los conflictos derivados de la separación entre propiedad y control de la empresa, mucho más lo es para las pequeñas empresas, cuyo riesgo operativo y costes-tan en entredicho durante los tiempos de vacas flacas- se minimizan gracias a un buen sistema de gobierno corporativo.

El nexo de unión entre Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social radica en el conjunto de buenas prácticas de carácter voluntario que constituyen ejemplos de buen gobierno. La propia Comisión Nacional del Mercado de Valores ha aprobado un 'Código de conducta y buen gobierno corporativo' para las empresas que cotizan en bolsa. Muchos observadores consideran que el principal logro del código es haber estrechado el cerco a los abusos de poder de los ejecutivos y accionistas de referencia de las compañías cotizadas. Vocablos de nuevo cuño como la “flexiguridad laboral” jalonan el supuesto impulso de los derechos laborales, pero en realidad el buen gobierno corporativo dista mucho todavía de estar realmente consolidado en las compañías españolas, como da fe el desequilibrio que aún existe en lo que a remuneraciones de altos ejecutivos y empleados se refiere. En este sentido, una reciente edición del Estudio Cisneros elaborado por la Universidad de Alcalá de Henares revelaba que para el 65% de la población activa la principal fuente de tensión y preocupación laboral es "el insuficiente salario que percibe en relación con la función que realiza". Brota así la gran paradoja capitalista de las grandes empresas, el escaso beneficio que obtienen del trabajo el colectivo mayoritario que la sostiene: los propios trabajadores.

19-07-10 para iCNr

viernes, 16 de julio de 2010

La “huella social” rastrea la estela de los impactos corporativos y económicos en la comunidad

Durante décadas, la gestión corporativa ha estado orientada a la búsqueda de beneficios como única garantía de la buena salud de los mercados, como indicador exclusivo de reputación corporativa. Tras la crisis económica, los afanes cortoplacistas y la credibilidad absoluta en las bondades de los ROI ( return on investment) obtenidos de las cuentas de resultados han dado lugar a la búsqueda un modelo de gestión más sostenible y transparente. La obtención de liquidez ya no sirve como excusa para justificar los desmanes corporativos, amparados durante siglos en el voraz “business is business”. La nueva era de la responsabilidad ha llegado para quedarse, y responsabilidad es precisamente lo que se les exige a las compañías, tanto en su dimensión financiera como social y medioambiental. Para restar indefinición al difuso concepto de la Responsabilidad Corporativa, han surgido mecanismos cuantitativos que permiten calcular el alcance de la responsabilidad de las empresas.

Así, la huella de carbono y la huella hídrica empiezan a hacerse públicas para los stakeholders de las compañías con mayor potencial contaminante. Pero existe otra huella que también debe ser calculada: la que cuantifica el impacto de la actividad de la compañía en materia humana, laboral y social.

La huella social es capaz de medir factores tan determinantes como los empleos globales que una empresa consume, o lo que es lo mismo, que debería crear y no crea, y engloba cuestiones tales como el consumo desmesurado de recursos, el reparto poco equitativo de los recursos naturales y económicos y los desmanes del insaciable sector productivo del mundo desarrollado en relación con las comunidades emergentes.

TEJIDO SOCIAL

A la hora de calcular la huella social conviene tener en cuenta el capital social, concepto que, en la conocida definición de Putman, alude a las interconexiones entre los diversos elementos que conforman el tejido social, personas, redes de personas u organizaciones y las normas de reciprocidad y confianza que derivan de ellas. El propio concepto de la Responsabilidad Social lleva inherente la idea de compromiso, integración, cooperación y vínculo entre las compañías y la comunidad. El capital social ha de orientarse a esa búsqueda, a la minimización de la huella social. Para Juan L. Doménech el desarrollo sostenible “necesitaría algo más que lo económico, lo social o lo ecológico para ser realmente sostenible; necesitaría ese ingrediente cultural "extra" (no solo el conocimiento laboral) que capacita a la persona a auto-desarrollarse y a auto-progresar. Sería un cuarto eslabón, el auto-conocimiento (el cual, a su vez, influye en el resto de sistemas), que supondría la culminación de la sostenibilidad”.

 Es esta una idea que enlaza con las de autores como Thomas Friedman  que abunda en su obra en el concepto de la “reforma al por menor”, aliada de cuatro conceptos trascendentes de la sociedad: infraestructura, organismos reguladores, enseñanza y cultura, con el objeto base de capacitar al mayor número posible de habitantes, disponer del mejor marco legal e institucional para innovar, montar empresas y convertirse en socios atractivos para los que deseen colaborar con ellos desde cualquier parte del mundo, es decir crear el ambiente más óptimo para la creación de empresas. La conclusión ante la necesidad de esta segunda reforma, es que los países no sólo crecen con políticas fiscales y monetarias implantadas desde el gobierno, sino que resulta imprescindible dar facilidades para que el mayor número de habitantes monte empresas y gane en competitividad frente a otros mercados. La clave está, pues, en revitalizar la economía desde  abajo, desde “dentro”, apuntando a su base y constituyendo así unos cimientos firmes que sirvan de soporte para la construcción- o en muchos casos reconstrucción-económica del país.


En este orden de cosas, un buen ejemplo de minimización de la huella social estaría compuesta por los negocios en la conocida como “Base de la Pirámide”-que engloba  a los casi dos tercios de la humanidad que no giran al ritmo de la enorme rueda del sistema económico mundial- y que ha ido tomando forma en los últimos tiempos. Los negocios en la base de la pirámide que realmente son transformadores de desarrollo social y económico reúnen características comunes, tales como el estar basadas en modelos de negocio que crean valor para la empresa y la comunidad, contemplar los elementos de la Triple Bottom Line (impacto social, económico y medioambiental de la actividad empresarial) y tener potencial a gran escala para conseguir un impacto transformador sobre la sociedad y generar beneficios económicos.

A la hora de poner en funcionamiento la rueda de la huella social adquieren importancia conceptos como el del Retorno Social sobre la Inversión (SROI), que surge como una herramienta capaz de retratar con gran fidelidad el modo en que una compañía es capaz de crear valor social, indicando a través de un coeficiente el valor para la comunidad creado por cada unidad monetaria invertida. Se trata, básicamente, de una comparación entre el valor social generado por una iniciativa y la inversión necesaria para lograr es impacto. Otros conceptos, como los “precios sombra” y la tasa social de descuento, se adentran también de forma incipiente en los todavía inexplorados territorios del retorno de la inversión social.

“LAND-GRABBING”

A nivel macroeconómico- lejos ya del complejo microcosmos de las actividades corporativas- existen también ejemplos meridianos de huellas sociales de gran profundidad. Tal es el caso del fenómeno conocido como “land-grabbing” (apropiación de tierras), la compra masiva de tierras en países emergentes por parte del primer mundo que ha llegado a considerarse como una nueva forma de “moderno colonialismo”. Naciones Unidas ha advertido que estas adquisiciones podrían ocasionar un riesgo de pauperización en las ya muy sangradas economías del tercer mundo, pero los avisos parecen haber caído en saco roto a juzgar por las adquisiciones masivas de países como China o los Estados del Golfo, que no pueden producir por sí mismos alimentos suficientes. Con un marcado efecto dominó muchos países compiten entre sí comprando más y más tierras y explotaciones. Los estados con petrodólares y divisas se cuentan entre los más activos en este nuevo reparto del pastel geográfico mundial: Corea del Sur, China o Japón ostentan , entre otros, un total de casi 8 millones de hectáreas de tierras fértiles compradas o alquiladas en el exterior. También los países del Golfo, sin agua ni campos fértiles que cultivar, se han lanzado a las compras de parcelas exteriores. Los Emiratos Árabes Unidos controlan 900.000 hectáreas en Pakistán, y están sopesando proyectos agrícolas en Kazajistán.


Ciertamente, durante décadas la humanidad ha mantenido una relación de explotación y desgaste del planeta, de sabotaje en muchos casos, sin tener en cuenta que los recursos naturales no son infinitos y que los daños indiscriminados al medio ambiente se reproducen en las fatales consecuencias del cambio climático. Parece difícil y lejano el objetivo de conseguir un nivel de vida global  que sea económicamente sostenible a la vez que no daña la biodiversidad biológica, el clima o los ecosistemas. A este respecto, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) presentó recientemente en la capital india una nueva investigación ‘Visión 2050’, que analiza el “sendero” que deberá marcar las directrices para conseguir que una población global de aproximadamente 9.000 millones de personas alcancen el bienestar dentro de los límites de recursos del planeta de cara a 2050. El documento pretende ser manual de ‘deberes’ (must have) sobre las medidas a tomar durante la próxima década para alcanzar una sociedad planetaria lo más sostenible posible.  Entre las tareas propuestas se incluye la puesta en marcha de los mercados de servicios de ecosistema y agua, el redoblamiento de la producción agrícola sin el aumento de la cantidad de tierra o agua utilizada; la reducción de la deforestación o el aumento de bosques plantados, reduciendo a la mitad las emisiones de carbono en todo el mundo.

Son, por tanto, imprescindibles, a la hora de reducir tanto la huella de carbono coo la social,  el diálogo permanente y la conciencia colectiva común. En materia de desarrollo sostenible se hace imprescindible abordar el desarrollo de las necesidades de miles de millones de personas, potenciar la educación, la formación en sostenibilidad y las eco-soluciones a los problemas económicos y ambientales.

16-07-10 para iCNr

jueves, 15 de julio de 2010

Cemex aboga por la construcción sostenible y la eficiencia de los recursos


La construcción sigue ostentando el dudoso honor de ser una de las actividades industriales más consumidoras de recursos naturales- madera, agua, energía, minerales- y una de las grandes responsables de la deforestación y la contaminación atmosférica. Las cifras indican que el sector de la construcción consume entre el 20% y el 50% de los recursos físicos según su entorno, lo que la deja a cargo de un potencial contaminante que no puede seguir desdeñándose. En un marco institucional donde prima la vulnerabilidad ante la falta de acuerdo entre los líderes mundiales acerca de la reducción de emisiones contaminantes, los impulsos hacia una construcción más sostenible proliferan lentamente de la mano de iniciativas privadas en su mayor parte. En este sentido, la propia Comisión Europea ha impulsado recientemente una nueva directiva sobre eficiencia energética en los edificios que refunda la directiva ya existente, “Directive on the energy performance of Buildings,” (Directiva 2002/91/CE).
Como alternativa a los tradicionales métodos contaminantes, se imponen las técnicas de construcción que integren medidas de ahorro energético, gestión de residuos o minimización de consumo de agua integradas. Como resultado de esta tendencia están surgiendo numerosos estándares que establecen ratings de sostenibilidad o eficiencia energética en los edificios más allá de los requisitos legales. Hasta el momento los más utilizados son el sistema LEED desarrollado por el US Green Building Council, el Energy Star o el BREEAM originario del Reino Unido, si bien todavía no existe un sistema de referencia a nivel mundial. La construcción sostenible va mucho más allá de la cuidadosa elección de los materiales y la eficiencia en los procesos productivos; se basa también en la reutilización de los recursos naturales y una cuidadosa conservación de la energía y un exhaustivo análisis de todo el ciclo de vida de las edificaciones: desde el diseño arquitectónico del edificio y la obtención de las materias primas, hasta que éstas regresan al medio en forma de residuos.

EFICIENCIA Y EXPEDIENTES

Durante los últimos tiempos, han empezado a despuntar las iniciativas sostenibles en el sector de la construcción. Es el caso de la multinacional Cemex, que durante el ejercicio de 2009 ha aumentado su volumen de inversión en aspectos medioambientales, tal y como refleja su Memoria de Sostenibilidad correspondiente al pasado ejercicio. En ella, la compañía revela su intención de convertirse en el fabricante de materiales de construcción más eficiente, rentable y sostenible del mundo, abordando retos como el cambio climático, la sensibilización interna, la gestión ambiental y la seguridad y salud laboral de los empleados.  Así, durante el pasado ejercicio la multinacional invirtió 11 millones de euros en medidas medioambientales, utilizando  un 26% de combustibles alternativos .Aún así, a pesar de la creciente atención de la compañía al Medio Ambiente, Cemex ha sido objeto a lo largo de 2009 de sanciones administrativas  por importe total de 11.764,17 €, correspondientes a expedientes sancionadores por contaminación en las provincias de Tarragona y Barcelona.

Asimismo, durante el pasado año la Comisión Europea y  la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en España, iniciaron sendas inspecciones  en las oficinas de CEMEX en España en relación con posibles prácticas realizadas en contra de la libre competencia. La investigación llevada a cabo por los oficiales de la Comisión Europea se extiende a diversos mercados del área de la Unión Europea. Por su parte, la inspección realizada por la Dirección de Investigación de la CNC, se centró en posibles prácticas en contra de la libre competencia en la producción y distribución de cemento, mortero, hormigón y agregados en una zona geográfica determinada dentro del territorio español. Cemex ha solicitado formalmente a la CNC el sobreseimiento del expediente respecto de esta sociedad, que actualmente se encuentra en fase de instrucción.

A pesar de estos incidentes, la Memoria da fe de  mejoras en distintos ámbitos, aportando cifras destacables como la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera en un 23% gracias, en buena parte, a la menor producción de clinker, aunque el recorte en las emisiones por tonelada de clinker ha alcanzado el 5,5 % .A la reducción en la fabricación de clinker suma el uso de combustibles alternativos, como por ejemplo, la biomasa. Además, Cemex ha trabajado en proyectos de concienciación y formación, tanto para sus empleados como para niños, con la puesta en marcha del 'Plan de Acción CO2', gracias al cual se ha conseguido en las instalaciones de la empresa un ahorro del 21 por ciento en consumo eléctrico, del 50 por ciento en agua y del 29 por ciento en papel. Destaca asimismo la campaña “Cero accidentes” con la que Cemex asegura haber conseguido eliminar los percances en un 95% de sus instalaciones, lo que supone un 16% menos que la media en España.

SOSTENIBILIDAD Y BUEN GOBIERNO

Con afán de poner en conjunción la búsqueda de sostenibilidad empresarial y el buen gobierno corporativo, la compañía ha nombrado  un Comité de Sostenibilidad, que presidido por el consejero y director general del país y por el presidente de CEMEX Región Oeste de Europa, está integrado por todas las direcciones generales de la compañía (Planificación, Comercial y Logística, Recursos Humanos, Materiales, Operaciones y Asesoría Jurídica), la Dirección de Sostenibilidad y los departamentos de Abastos, Marketing y Comunicación y Asuntos Corporativos. Con una periodicidad mensual se reúne el citado Comité para hacer un seguimiento en detalle de todas las actuaciones relativas a sostenibilidad, con especial atención a la evolución del comportamiento medioambiental, planes de comunicación, seguimiento de proyectos específicos relativos a actuaciones en las comunidades donde la compañía tiene presencia estable, en definitiva, actuaciones dentro del marco de responsabilidad corporativa asumida por la compañía. La composición del citado Comité es abierta, por lo que ocasionalmente se incorporan a las reuniones diferentes personas de otras áreas o departamentos de la compañía para proponer y, en su caso, participar en las iniciativas de sostenibilidad que se debatan y aprueben.

Además, desde hace una década se ha implantado en el Grupo CEMEX un Código de Ética que establece los principios bajo los que se deben regir las diversas relaciones de la sociedad con terceros, clientes y proveedores, así como el comportamiento exigible a todos los empleados. Para el seguimiento del cumplimiento de dicho código, su interpretación y revisión, en su caso, se ha constituido un Comité de Ética integrado por los directores generales de Operaciones, Comercial y Logística, Materiales, Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, asistidos por una persona del departamento de Recursos Humanos que actúa como Administrador del Código. El Comité es el encargado de analizar, con total independencia de la línea jerárquica, y con decisiones sometidas a votación entre sus miembros, aquellos casos que se someten a su consideración.

Por último, Cemex mantiene un enfoque orientado al impulso de los productos y prácticas que minimicen el consumo de recursos naturales, que sean más respetuosos con el medio ambiente y con las comunidades que conviven y se interrelacionan con la compañía. Así, se plantea como reto de cara a 2015 la reducción del 25% de emisiones de CO2 generadas por su actividad industrial.

13-07-10 para iCNr

El debate sobre la regulación de la RSC resurge con la futura Ley de Responsabilidad Social de Extremadura

 Tras el escalonado derrumbe de las estructuras económicas tradicionales, tras la quiebra de gigantes financieros aparentemente inmunes, el planeta se ha visto asolado por una crisis global, económica y de confianza, que ha dado al traste en pocos meses con modelos de gestión que habían permanecido inmutables durante décadas. Los vaivenes de los últimos tiempos han puesto de relieve máximas como la acuñada por el político alemán Willy Brandt: “tanto Estado como sea necesario, tanto Mercado como sea posible”. En el caso de España y en materia de Responsabilidad Social, no cabe duda de que en los últimos tiempos ha sido el Mercado el que optó por subirse al carro del nuevo modelo de gestión más sostenible mientras que el Estado permanecía mantenía un espíritu abúlico y titubeante desgranando tímidas iniciativas a través del escasamente aprovechado Consejo Estatal de Responsabilidad Social.

Ciertamente, la tan traída y llevada Ley de Economía Sostenible adolece de una imperdonable “tibieza” a la hora de promocionar la Responsabilidad Social, sobre todo en relación a las pymes, que además de constituir el grueso del tejido empresarial español, están fuertemente necesitadas de políticas responsables que le sirvan como escudo en el resbaladizo escenario económico que viene. Y es que, entre otras incongruencias, el texto legislativo recoge medidas de obligado cumplimiento para que las sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales adscritas a la Administración General del Estado adapten su gestión en los principios de sostenibilidad avalados por la ley; medidas que, por el contrario, no se recomiendan a las empresas privadas a las que solo se incentiva a la “promoción y el fomento” de la Responsabilidad Social. Además, el texto de la Ley de Economía Sostenible se asienta sobre el cómodo terreno ya abonado hace años por el informe Brundtland, recogiendo casi textualmente su definición de sostenibilidad entendida como la necesidad de “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer/sacrificar la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades".

CONTROVERSIA REGULATORIA

La ausencia de “espíritu responsable” en el sector público entronca con cuestiones igualmente controvertidas, como el debate acerca de la obligatoriedad de la Responsabilidad Social y la supuesta necesidad de un mayor intervencionismo por parte de las instituciones gubernamentales. Hasta la fecha, han sido varios los organismos e instituciones que se han sumado a la posición en pro de la obligatoriedad. Incluso Naciones Unidas ha llegado a la misma conclusión, abogando en un informe del pasado año por la necesidad de que los temas ambientales, sociales y de buen gobierno no debieran ser solamente asuntos morales sino también morales. Un conjunto de opiniones- las de los que se muestran favorables a la obligatoriedad- que se da la mano con el afán de evitar malas prácticas-que pueden dar lugar incluso a demanda por negligencia- de aquellos consultores o asesores financieros incumplan con su deber profesional si no informan a sus clientes de la existencia de los Fondos de Inversión Socialmente Responsable.

En el caso concreto de España, uno de los mayores reproches que esgrimen los que abogan por la obligatoriedad es precisamente la impasible actividad del Consejo Empresarial de Responsabilidad Social como ente supervisor del cumplimiento de los principios de la RSC por parte del sector privado. Se piden más normas, más principios que eviten la mala fe y la ausencia de compromiso con la RSC de las compañías, quizás sin tener en cuenta que debido al clima realmente propicio para el evolución de la RSC en el país ya han surgido algunas propuestas con sesgo regulatorio. Destacan así el “Código de gobierno de la empresa sostenible” elaborado por IESE, Fundación Entorno y PricewaterhouseCoopers o normas de gestión ética como la elaborada por la asociación Forética (Foro para la evaluación de la gestión ética) o la norma UNE llevado a cabo por el Comité Técnico de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).

PRINCIPIOS DISEMINADOS

Recientemente, se ha dado un paso más en la postura regulatoria con el anuncio por parte del gobierno regional extremeño de la implantación de una futura Ley de Responsabilidad Social Empresarial la cual “posibilitará otra manera de gestionar una empresa”, según ha anunciado el director general de Trabajo del gobierno autonómico, Juan Manuel Fortuna. La futura ley pretende tener en cuenta diversas acciones formativas y divulgativas destinadas a los responsables de las empresas, además de un hipotético sello propio que identifique a las firmas socialmente responsables. La idea del sello o certificación no es nueva, ya que está recogida también en la propia Ley de Economía Sostenible, en otra de las disposiciones que deja traslucir la ligereza del texto puesto que tiene en cuenta únicamente aspectos parciales de la responsabilidad social corporativa, tales como una buena gestión medioambiental, una correcta conciliación de la vida familiar o laboral o un buen plan de igualdad, que a pesar de ser aspectos muy importantes de la RSC no bastan por sí solos para calificar una empresa de socialmente responsable.

Por último e iniciativas regulatorias aparte, no puede omitirse el hecho de que los principios de la Responsabilidad Social se encuentran desgranados- para alivio de los que se muestran contrarios a los afanes intervencionistas- en varios textos de la normativa española, , desde el Título I de la Constitución, hasta la multitud de normas laborales y administrativas aisladas que rigen la materia, así como el Real Decreto 290/2004, sobre la regulación de los enclaves laborales como medidas de fomento de empleo de las personas con discapacidad, o la Ley 19/1999, que promueve la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.

15-07-10 para iCNr

miércoles, 14 de julio de 2010

La Responsabilidad Social llega a las Universidades como herramienta de aprendizaje y gestión estratégica


Protagonista de un avance imparable, la Responsabilidad Social va adentrándose en todos los ámbitos sociales, institucionales y políticos; demostrando con pasos lentos pero seguros su potencial como herramienta de gestión sostenible. Tras haberse afianzado en el ámbito empresarial y después de sus primeros- y tímidos- pinitos en el sector público de la mano del CERSE, le llega el turno al ámbito educativo, como caldo de cultivo ideal para las divagaciones teóricas acerca del amplio concepto de la Responsabilidad Social. Ya hace eses que el debate sobre la ética en las escuelas de negocio está en pleno apogeo y muy recientemente éstas están empezando a responder, conscientes, de que la sociedad y el medioambiente están adquiriendo una importancia significativa en los campus, no sólo para los estudiantes, sino también para sus administradores. Por primera vez en su historia, y tras haberle visto las orejas al lobo, las escuelas de negocio están comenzando a introducir cuestiones éticas en sus programas, de forma todavía tímida y difusa. Un ejemplo, quizás el más avezado de todos los que existen en la actualidad, es el caso de la Thunderbird School of Global Management, que ha introducido un juramento de honor profesional en sus programas MBA, un requisito similar al juramento hipocrático en el ámbito médico.La Responsabilidad Social en el ámbito educativo ha dado un paso más a través de iniciativas de índole responsable: una de las más recientes, la elaboración por parte de la Universidad de Navarra de su informe de RS correspondiente al pasado ejercicio. El documento responde a la idea de que la responsabilidad social de una universidad no radica sólo en sus actividades solidarias y en el cuidado del medio sino que impregna de algún modo todas y cada una de sus actividades cotidianas, el esfuerzo de profesores, investigadores, profesionales y estudiantes por poner la ciencia y los conocimientos al servicio de la sociedad.

UNIVERSIDADES RESPONSABLES

Además desde el punto de vista metodológico, el análisis se apoya en las recomendaciones y prescripciones del Global Reporting Iniciative (GRI), centro colaborador del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), responsable del principal estándar mundial en materia de Responsabilidad Social. Se ha adoptado la última versión disponible de esta guía, identificada como GRI G3. A los indicadores establecidos por el GRI G3 se suman otros desarrollados por la propia Universidad con el objetivo de dar cuenta de su actividad docente e investigadora, y de otras singularidades propias de su naturaleza.

El documento, además de recoger algunos datos de diagnóstico, mira también al futuro. Concretamente, se recogen algunos de los puntos contenidos en el Proyecto Horizonte 2015, que nace en el marco de la convocatoria “Campus de excelencia internacional”, promovido por los Ministerios de Educación y Ciencia. Ese Proyecto refuerza la cultura socialmente responsable de la Universidad de Navarra, ya que recoge objetivos de medio y largo plazo en varios ámbitos. En el terreno de implicación social y medioambiental, Horizonte 2015 señala el objetivo de un campus sostenible y con cero emisiones de C02, planteado como un verdadero espacio ciudadano para el disfrute del arte y la cultura a través de las actividades de un nuevo Museo de Arte Contemporáneo.

Aunque la elaboración de este informe no cuenta con ningún precedente en la Universidad de Navarra, otras instituciones educativas han venido realizando acciones responsables en los últimos tiempos. Destaca el caso de la Universidad de Zaragoza que ha creado con la colaboración del gobierno autonómico y de la Fundación Ecología y Desarrollo, la iniciativa “Universidades Responsables”, un grupo que se basa en la idea de que las universidades pueden ser contribuyentes al desarrollo sostenible y que pretende “crear una red de universidades responsables” y “promover un modelo de responsabilidad social” en los campus. De esta iniciativa ha surgido el informe “ “Promoviendo un modelo de responsabilidad social en la Universidad de Zaragoza”.

En el afán por integrar la Responsabilidad Social en el ámbito educativo destacan iniciativas como la del Club de Excelencia en Sostenibilidad que, con su reciente informe”Una aproximación al estado de la RSE en la enseñanza en España” expone que en la Educación Primaria y Secundaria la responsabilidad social se encuentra presente, a través de algunos de sus diversos aspectos, en 2 y 5 asignaturas respectivamente como son Educación para la Ciudadanía y Conocimiento del Medio; y en el bachillerato en 4 asignaturas entre las que figura dentro del área de Economía para la Empresa. El documento analiza también 37 universidades y 10 centros de postgrado y concluye que para esta etapa educativa son 5 las universidades en las que existe al menos alguna asignatura obligatoria sobre responsabilidad social, y otras 5 con asignaturas optativas. Queda, por lo tanto, mucho camino por andar y se impone el refuerzo de las asignaturas relacionadas con la Responsabilidad Social sobre todo en las titulaciones relacionadas con la empresa  y la gestión corporativa.

A su vez, el sector público ha salido de su característico letargo en materia de responsabilidad social para crear el grupo de trabajo sobre responsabilidad corporativa y educación en el seno del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas constituido con el objetivo de sensibilizar, informar, divulgar y formar en materia de RSE y extender su conocimiento a todos los ciudadanos, mediante la educación, formación y divulgación. En el campo de las asociaciones cabe señalar el grupo de trabajo de Calidad Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)12, constituido con el propósito de fomentar las iniciativas relacionadas con la prevención de riesgos, la gestión, participación y sensibilización ambiental en las universidades, así como la cooperación interuniversitaria en estas materias

14-07-10 para iCNr

domingo, 11 de julio de 2010

France Telecom acomete acciones sociales aisladas para maquillar el escándalo de los suicidios


Es mucho más que un brindis al sol para solaz de las cúpulas directivas y sosiego de los grupos de interés. La reputación corporativa incide, directa y firmemente, en la cuenta de resultados de las compañías y en su visibilidad en los mercados. La reputación corporativa cuenta con una vara de medir que durante los últimos tiempos ha tocado fondo tanto a nivel empresarial como político o institucional: la confianza. Ciertamente, la reputación corporativa influye de forma tenaz y decisiva sobre la capacidad de supervivencia de las compañías en un mercado voraz, competitivo e implacable como es el actual. Apenas hay segundas oportunidades para las empresas en un escenario económico dañado por la recesión económica y muy suspicaz en relación a la actividad empresarial, con las pavesas de recientes escándalos empresariales y episodios de malas prácticas todavía humeando en el horizonte.

Los aspectos concernientes a la credibilidad, la confianza, y la generación de reputación han demostrado ser un problema para muchas compañías durante los últimos meses de recesión económica. Especialmente grave fue el caso de France Telecom, envuelta en una escandalosa oleada de suicidios por parte de decenas de empleados hundidos bajo el peso de la mala gestión y el pésimo clima laboral. Una crisis sin precedentes que ha dado lugar asimismo a una decisión inédita: la determinación por parte de la Justicia francesa de la responsabilidad de la política directiva y de recursos humanos de la compañía. Además, a nivel interno, los hechos provocaron la total remodelación de la cúpula directiva de la compañía, con la caída del presidente ejecutivo, Didier Lombardo, sustituido por Stéphane Richard, ex director de gabinete de la ministra de Economía, Christine Lagarde, y muy cercano a Nicolas Sarkozy.

GIRO SOCIAL

Así, los brutales métodos – reestructuraciones y supresiones radicales, aumento de la productividad y la movilidad- empleados por la compañía habrían sido responsables de la mayor parte de los suicidios y tentativas. Sin embargo, los asesores jurídicos de la teleco siguen afirmando que France Telecom no tiene una política de acoso moral susceptible de generar suicidios y, por ende, “nada que temer”.

Mucho más parco es el tratamiento del tema en la edición de 2009 del Informe de Responsabilidad Social de France Telecom, que apunta la voluntad de reafirmar su compromiso hacia los empleados y fomentar en primer lugar la escucha y el diálogo con todos sus stakeholders, incluídos los internos. Sin embargo, el documento parece enfocar con más ímpetu temas como la accesibilidad de las telecomunicaciones, el aprovechamiento de las Nuevas Tecnologías o la innovación como clave de crecimiento económico sostenible, sin prestar la atención que debiera- dados los recientes acontecimientos- a la gestión responsable de los propios cimientos de la compañía.

Así, la supervisión interna parece ser el método escogido por la teleco para evitar que se reproduzca el brote de suicidios. De hecho, la compañía tiene contabilizados entre 2.000 y 2.500 empleados en Francia que presentan algún tipo de fragilidad psicológica cuyos casos son tratados en "conferencias sanitarias trimestrales" para evitar suicidios. En este sentido, el director general de Orange (marca comercial de France Télécom) presentó recientemente un plan de cinco años que incluye una estrategia para combatir la oleada de suicidios. Aún así, la compañía admite que resulta difícil determinar quiénes pueden ser susceptibles de tener problemas de ese tipo.

Asimismo, la compañía ha firmado varios acuerdos con representantes de trabajadores en Francia y tiene previsto crear a partir de 2011 una red de "campus" para la formación de sus 20.000 empleados con responsabilidad sobre otros trabajadores de la compañía. El primero estará en París y rápidamente se añadirán otros, primero en Serock (Polonia) y Madrid, y más adelante en Burdeos, Marsella, Nancy, Rennes, Atlanta, Dakar, Nairobi, Nueva Delhi, Río de Janeiro y Singapur.

RECURSOS HUMANOS EN EL PUNTO DE MIRA

Otra de las medidas que pueden considerarse relevantes es la vinculación de un 30% del salario variable de los directivos a resultados de orden social, basándose en una serie de criterios que están todavía sin definir. De ese modo, los empleados dejarán por fin de ser juzgados en relación al cumplimiento de los objetivos y se tendrá en cuenta su capacidad de adaptación y progreso.

Además, toda la fuerza laboral de la compañía se encuentra en pleno proceso de reestructuración. France Telecom planea incorporar en Francia hasta finales de 2012 unos 10.000 empleados adicionales para hacer frente al desafío del envejecimiento de su plantilla y pretende alcanzar los 300 millones de clientes a finales de 2015, desde los 200 millones actuales. A la vez, la compañía pretende reforzar "el orgullo de sus empleados" mediante un mejor entorno laboral, un nuevo estilo de gestión y la contratación de unos 10.000 nuevos empleados hasta 2012 para hacer frente al desafío que supone el envejecimiento de su plantilla en Francia.

Por último, la teleco apuesta por "revivir el espíritu de crecimiento a través del desarrollo internacional" mediante el que espera duplicar sus ventas en mercados emergentes en los cinco próximos años y alcanzar una base de clientes de 300 millones, frente a los 200 millones actuales.

07-07-10 para iCNr

viernes, 9 de julio de 2010

El impuesto “verde”, de nuevo a la palestra en Bruselas

El problema del cambio climático ostenta, desde hace décadas, el dudoso honor de capitanear la lista de los enemigos más acérrimos para el planeta, de erigirse como una de las amenazas más constantes para la salud y la supervivencia de la población. Tras los reiterados fracasos de los líderes mundiales para encontrar una solución al problema de las emisiones contaminantes, el problema climático ha soslayado las meras repercusiones morales para convertirse en una cuestión de supervivencia pura y dura. El informe Stern, tras su celebrada publicación en 2006, ha servido como bautismo de fuego de la personalidad económica del cambio climático, entendido desde entonces como un ente con impacto y relevancia cuantificable en términos económicos, más allá de su impacto meramente medioambiental y sobre la salud del planeta y las personas.

Es obvio que el tiempo se acaba ya, y lo hace en uno de los momentos históricos menos oportunos, con el mundo convaleciendo todavía, frágil, tras los devastadores efectos de la peor recesión a nivel mundial desde el crack de 1929. Y a esta crisis-económica y de confianza- que ha dejado tras de sí un amargo regusto de desazón y apatía, se le une otra no menos dramática: la crisis de un planeta que se retuerce y adolece bajo el yugo de una amenaza que ni las vanas promesas de los líderes mundiales ni, por supuesto, la fallida Cumbre de Copenhague han sido capaces de aliviar. En la actualidad, no queda un solo país en el mundo que no experimente los efectos del cambio climático, que por su carácter paulatino, gradual, apenas suscitan la atención de los medios como sucedería si se tratase de modificaciones drásticas o abruptas. La mayoría pasa inadvertida en los mercados financieros y mucho menos quedan registradas en las oscilaciones del Producto Interior Bruto mundial; pero las sequías, las lluvias ácidas, las inundaciones y las crisis medioambientales están ahí, y no son hechos aislados.




LOS PELIGROS DEL CO2

“En este acertijo constante que implica la vida y la historia, la posibilidad de llegar tarde existe. Podemos rogarle desesperadamente al tiempo que detenga su paso, pero el tiempo es sordo a nuestras súplicas y seguirá su curso. Sobre montañas de blancas osamentas y desperdicios de múltiples civilizaciones se observan las terribles palabras: "Demasiado tarde". Estas palabras, que forman parte de un sermón sobre justicia social pronunciado por Martin Luther King hace más de cuatro décadas, se nos antojan ahora tan actuales como estremecedoras, puestas de manifiesto en los devastadores efectos del cambio climático: lluvia ácida, deshielo, calentamiento global, desaparición de ecosistemas y una minoración cada vez más grave en la salud planetaria global.

Uno de los principales problemas relacionados con el cambio climático es la contaminación derivada de los gases de efecto invernadero, que asola la atmósfera y acelera el calentamiento. Además, el dióxido de carbono ha pasado de ser un mero gas contaminante a convertirse en protagonista de un tráfico que, con la excusa de beneficiar a los países del tercer mundo, legitima –en forma de salida administrativa- a las grandes potencias contaminantes. De este modo, gigantes de la contaminación como Estados Unidos, China o el propio continente europeo pueden gastar toda la cantidad de créditos de carbono permitidos y posteriormente comprar más créditos a los países emergentes que no tienen industria, pero sí bosques y ecosistemas que posteriormente sufrirán las consecuencias del “negocio”.

La tónica imperante en los debates europeos de los últimos tiempos ha sido la posibilidad de imponer un gravamen sobre la contaminación. Sin embargo, hace unos mesesel comisionado de Comercio de la Unión Europea, Karel De Gucht, rechazó la idea de imponer aranceles de carbono sobre importaciones, principalmente de países en desarrollo, advirtiendo que la medida podría generar una guerra comercial. Así pues, lo que a nivel teórico parecía una estrategia óptima, encuentra más de un escollo para ser llevada a la práctica. Hace unos días, Bruselas ha sacado el tema de nuevo a colación y ha reabierto una cuestión que, entre unas cosas y otras, lleva estancada 20 años.El objetivo es introducir en la Unión Europea (UE) un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono CO2 de aquellos sectores no incluidos en el sistema de comercio de derechos de emisión como el transporte o la vivienda. Los países nórdicos ya aplican este tipo de tasa en el ámbito nacional y otros como Francia llevan tiempo considerando su introducción, pero Reino Unido, Polonia e Irlanda se han mostrado reacios en repetidas ocasiones a que la fiscalidad sea una cuestión que se decida a escala comunitaria en lugar de nacional.

NUEVO ÍNDICE SOSTENIBLE

Por lo general, en Bruselas se esgrime el argumento- entre los contrarios al gravamen- de que la existencia del impuesto “verde” constituiría una forma de “imperialismo ecológico” y enviaría una señala equivocada a los Estados miembros, amén de desvirtuar la propia esencia de la libertad de comercio dentro de la Unión Europea. Un argumento que dio pie a que, durante años, los gobiernos se decantasen por opciones alternativas como el comercio de derechos de emisión como cauce para aumentar el coste de los productos con un consumo intenso de CO2 sin imponer explícitamente un impuesto.

La creciente preocupación institucional por el carbono y sus altos niveles de contaminación, se ponen de manifiesto en el anuncio llevado a cabo por el FTSE la semana pasada acerca del lanzamiento de una nueva serie de índices, pioneros en su tipo, vinculados con el Cambio Climático. Los nuevos indicadores fueron creados junto al Carbon Disclosure Project e impactarán en más de 500 inversores institucionales. La serie se iniciará con el FTSE CDP Carbono Estrategia All-Share Index y el FTSE 350 CDP Estrategia de carbono. Ambos índices han sido diseñados en respuesta a la creciente toma de conciencia del importante impacto potencial del cambio climático en los rendimientos de las inversiones. Entre sus objetivos, está el lograr la identificación de aquellos sectores de la industria de mayor riesgo donde el carbono tiene un impacto significativo como la aviación, petróleo y gas, minería y energía eléctrica.

09/07/10 para iCNr

Desarrollo y diversificación, las claves de la nueva oleada de internacionalización de las compañías españolas


Las filiales en el extranjero componen la avanzadilla estratégica de las multinacionales para expandir o diversificar su modelo de negocio. En tiempos de crisis económica y de confianza, representan también una de las vías de negocio más oportunas- y a la vez más peligrosas- para las compañías que pretenden mantener una buena reputación ante los ojos cada vez más críticos de los grupos de interés. Cuando se trata de filiales en países emergentes, el escándalo suele estar servido en forma de acusaciones y denuncias de los atentados de las grandes corporaciones contra los derechos humanos o los ecosistemas de las pequeñas comunidades. Sin embargo, existe otra cara de la moneda, tal y como expone el Primer Informe anual del Observatorio de la Empresa Multinacional Española (OEME), impulsado por ESADE y el ICEX. Ciertamente, y tal como recuerda el documento, existe un pequeño colectivo de empresas multinacionales españolas que ocupan posiciones de liderazgo a nivel mundial en sus respectivos sectores. Este colectivo de empresas desempeña en la actualidad un papel clave en la economía española y, en cierto modo, la capacidad de recuperación de la economía dependerá en buena medida de su capacidad de innovación y expansión coherente y responsable.

Así pues, España ha dejado ya de ser un país en el que sus empresas mayoritariamente concentraban sus inversiones hacia un determinado grupo de economías emergentes, esencialmente en el área de Latinoamérica, para desplazar su acción inversora empresarial, en buena medida, hacia las economías más avanzadas de diversos continentes. Las iniciativas de inversión empresarial españolas en el exterior tienden a mostrarse cada vez más presentes en países que ostentan unos niveles de desarrollo económico y tecnológico más elevados, con una oferta laboral relativamente sofisticada y unos salarios altos.

EXPANSIÓN INVERSORA

Es de relevancia, en este sentido, el último término de moda en el ámbito de los recursos humanos, la flexiguridad laboral, un concepto que consolidó sus cimientos en los primeros intentos de la Comisión Europea, en el año 2008, de promover un mercado laboral más flexible –manteniendo y mejorando a la vez la competitividad- y más seguro, con ingresos garantizados y un alto nivel de empleo. La flexiguridad laboral implica que la noción tradicional de tener el mismo trabajo para toda la vida decae en un mundo globalizado donde las empresas exigen estructuras flexibles de empleados para conseguir reaccionar con mayor efectividad ante las oportunidades de mercado y las amenazas de la competencia. De ese modo, los empleados modernos deben pensar toda la vida en términos de formación laboral continua y reciclaje durante toda su vida laboral. Ya no se trata de buscar una “seguridad del puesto de bajo”, sino una “seguridad de empleo”.

El documento alude también al hecho de que en los procesos de expansión inversora, factores tales como la proximidad a los clientes más importantes y el acceso a los grandes proveedores o suministradores globales (aspectos básicamente relacionados con el tamaño y las características de los mercados) se destacan como aquellos que las empresas aducen como razones principales para optar por una estrategia de internacionalización de sus actividades.

Ciertamente, en el caso de la cadena de suministro, la Responsabilidad Social es uno de los factores que han comenzado a solicitarse en los últimos tiempos. No en vano durante el pasado año el 89% de las compañías miembros de CDP Supply Chain desarrollaron una estrategia para el diálogo activo con sus proveedores y para asegurar su compromiso frente al cambio climático. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer en relación a la reducción de emisiones contaminantes en la cadena de suministro. Todavía persisten graves problemas tales como el enorme potencial contaminante de actividades integradas en la cadena de suministro, tales como el transporte de carga. Han surgido por este motivo iniciativas como la adquisición de los denominados bonos de carbono, de tal manera que una empresa que no pueda eliminar o reducir la contaminación durante su proceso productivo o de manejo de mercancía, colabore a través de estos bonos con iniciativas de otras compañías que sí puedan aportar programas en pro del medioambiente.

RSC UNIVERSAL O ADAPTADA

En el proceso de internacionalización de las compañías españolas surge una duda razonable: la necesidad de abogar por una Responsabilidad Social de sesgo “universal” o adaptarse a la idiosincrasia propia de cada país. La armonización de la RSC es tema delicado, y expertos como Antonio Argandeña del IESE y Heidi von Weltzein Hoivik, de la Norwegian School of Management, consideran errónea la muy extendida costumbre de aplicar un código universal de responsabilidad social corporativa en todas sus filiales situadas en diferentes lugares del mundo. Así, en el documento “Corporate Social Responsibility: One Size Does Not Fit All”, los autores argumentan que un enfoque global, general, exento de matices, provoca que se ignoren las premisas esenciales de la responsabilidad social, como reconocer las diferencias entre países y contextos, amén de dejar de lado la dimensión ética, base de todas estas acciones.

Ciertamente, las compañías deben aplicar la RSC de una forma coherente y adecuada a las características de su país, su modelo de negocio y demás variables centrándose en cumplir las normas y reducir riesgos pero sin olvidar el enfoque ético, la verdadera base de las políticas de RSC tanto en su vertiente social como medioambiental. Los autores destacan que el motivo principal que lleva a una empresa a actuar de forma responsable es “hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo ve”. Un buen liderazgo y una gestión responsable arraigada en la compañía son imprescindibles a este respecto. En palabras del economista Bell, “El antiguo modelo de líder como progenitor corporativo y autoridad ha sido y está siendo cambiado por el de líder como defensor, facilitador, formador e incluso socio. Los líderes que no son capaces de soltar las riendas del poder están siendo rápidamente reemplazados por líderes que contemplan su relación con sus asociados como la de libertadores, eliminadores de barreras, facilitadores y mentores”.Surge pues, una tendencia de flexibilidad, diálogo y ductilidad que dan al traste con la rigidez corporativa de épocas pasadas y facilitan la adaptación de la compañía en su proceso de expansión internacional.

09/07/10 para iCNr

jueves, 8 de julio de 2010

Transparencia y Sector Audiovisual, la necesidad de estrechar lazos


Lleva meses erigiéndose como garantía de credibilidad y confianza social, como aval de una nueva tendencia institucional y corporativa más transparente y sostenible a largo plazo. La Responsabilidad Social responde sobre todo a la necesidad de los grupos de interés de recibir una información clara, actual y –por fin- veraz acerca de los asuntos corporativos que conciernen a la comunidad. Sin embargo- y entrando en el creciente hermanamiento entre Responsabilidad Social y Sociedad de la Información- es el sector audiovisual uno de los mayores cauces de influencia y veto social, a través de productos más o menos informativos que sirven a unos determinados fines societarios.

Para autores como Wilbur L. Schramm, la televisión como medio tendría un enorme potencial de adoctrinamiento por la rapidez de transmisión de su mensaje, su capacidad de convicción, y sus posibilidades de interacción o participación. En unos tiempos en que la filantropía barnizada de responsabilidad y el marketing social cuajado de exageraciones se demonizan más que nunca, la Responsabilidad Social juega un papel todavía deslavazado en el sector audiovisual, manifestándose casi exclusivamente en consideraciones acerca de la adaptación de contenidos a los target, el beneplácito hacia los temas sociales candentes en el momento y – más seriamente- la respuesta a ponderaciones que ya rozan con lo jurídico como el tratamiento responsable de las imágenes o el respeto a la intimidad.

Umberto Eco, en “TV, la Transparencia Perdida” recuerda la predominancia de programas en los que la información y la ficción se confunden y donde no importa que la audiencia pueda distinguir entre noticias verdaderas e informaciones ficticias. “Aun admitiendo que se esté en situación de establecer la distinción, ésta pierde valor respecto a las estrategias que estos programas llevan a efecto para sostener la autenticidad del acto de enunciación”, constata Eco.

Sin embargo, incluso de la más “responsable” de las televisiones cabría preguntarse si existe realmente una RS enraizada y arraigada en su estrategia empresarial. Y es que para que la Responsabilidad Social “lata” al unísono con los asuntos empresariales ha de existir un compromiso – permanente, no camaleónico según las expectativas sociales- con la Responsabilidad Social y , sobre todo, una transparencia con los grupos de interés que vaya mucho más allá de la pura emisión de contenidos.

Un sector audiovisual transparente, cristalino en sus métodos de publicidad y transmisión de la información; pero sobre todo, diáfano en su concepción del negocio y modus operandi empresarial. Para la doctora Mª Pilar Cousido, coordinadora del “Primer Estudio sobre la Transparencia en el Sector Audiovisual español”, existe un alto nivel de concienciación en cuanto a la necesidad del sector de ganar transparencia, “ a que un elemento por el que ha de pasar esa mayor transparencia social es o será el derecho de acceso a la información de los agentes audiovisuales; y a que la timidez, los titubeos y las contradicciones dentro de los cuales se mueven –no ya las empresas cotizadas y no cotizadas del sector, sino los propios órganos reguladores y de control, promovidos y creados por la Administración Pública– pone de manifiesto la urgencia por adoptar una norma que delimite el terreno de juego”.

Es entonces tarea de las Administraciones Públicas- además de los agentes audiovisuales- impulsar la regulación de un acceso a la información y actuar en beneficio de la transparencia del sector, tanto en contenidos y difusión de la información como en asuntos más controvertidos tales como información sobre financiación, ayudas públicas al sector u organigramas.

05/07/10 para Diario Responsable