jueves, 15 de julio de 2010

El debate sobre la regulación de la RSC resurge con la futura Ley de Responsabilidad Social de Extremadura

 Tras el escalonado derrumbe de las estructuras económicas tradicionales, tras la quiebra de gigantes financieros aparentemente inmunes, el planeta se ha visto asolado por una crisis global, económica y de confianza, que ha dado al traste en pocos meses con modelos de gestión que habían permanecido inmutables durante décadas. Los vaivenes de los últimos tiempos han puesto de relieve máximas como la acuñada por el político alemán Willy Brandt: “tanto Estado como sea necesario, tanto Mercado como sea posible”. En el caso de España y en materia de Responsabilidad Social, no cabe duda de que en los últimos tiempos ha sido el Mercado el que optó por subirse al carro del nuevo modelo de gestión más sostenible mientras que el Estado permanecía mantenía un espíritu abúlico y titubeante desgranando tímidas iniciativas a través del escasamente aprovechado Consejo Estatal de Responsabilidad Social.

Ciertamente, la tan traída y llevada Ley de Economía Sostenible adolece de una imperdonable “tibieza” a la hora de promocionar la Responsabilidad Social, sobre todo en relación a las pymes, que además de constituir el grueso del tejido empresarial español, están fuertemente necesitadas de políticas responsables que le sirvan como escudo en el resbaladizo escenario económico que viene. Y es que, entre otras incongruencias, el texto legislativo recoge medidas de obligado cumplimiento para que las sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales adscritas a la Administración General del Estado adapten su gestión en los principios de sostenibilidad avalados por la ley; medidas que, por el contrario, no se recomiendan a las empresas privadas a las que solo se incentiva a la “promoción y el fomento” de la Responsabilidad Social. Además, el texto de la Ley de Economía Sostenible se asienta sobre el cómodo terreno ya abonado hace años por el informe Brundtland, recogiendo casi textualmente su definición de sostenibilidad entendida como la necesidad de “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer/sacrificar la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades".

CONTROVERSIA REGULATORIA

La ausencia de “espíritu responsable” en el sector público entronca con cuestiones igualmente controvertidas, como el debate acerca de la obligatoriedad de la Responsabilidad Social y la supuesta necesidad de un mayor intervencionismo por parte de las instituciones gubernamentales. Hasta la fecha, han sido varios los organismos e instituciones que se han sumado a la posición en pro de la obligatoriedad. Incluso Naciones Unidas ha llegado a la misma conclusión, abogando en un informe del pasado año por la necesidad de que los temas ambientales, sociales y de buen gobierno no debieran ser solamente asuntos morales sino también morales. Un conjunto de opiniones- las de los que se muestran favorables a la obligatoriedad- que se da la mano con el afán de evitar malas prácticas-que pueden dar lugar incluso a demanda por negligencia- de aquellos consultores o asesores financieros incumplan con su deber profesional si no informan a sus clientes de la existencia de los Fondos de Inversión Socialmente Responsable.

En el caso concreto de España, uno de los mayores reproches que esgrimen los que abogan por la obligatoriedad es precisamente la impasible actividad del Consejo Empresarial de Responsabilidad Social como ente supervisor del cumplimiento de los principios de la RSC por parte del sector privado. Se piden más normas, más principios que eviten la mala fe y la ausencia de compromiso con la RSC de las compañías, quizás sin tener en cuenta que debido al clima realmente propicio para el evolución de la RSC en el país ya han surgido algunas propuestas con sesgo regulatorio. Destacan así el “Código de gobierno de la empresa sostenible” elaborado por IESE, Fundación Entorno y PricewaterhouseCoopers o normas de gestión ética como la elaborada por la asociación Forética (Foro para la evaluación de la gestión ética) o la norma UNE llevado a cabo por el Comité Técnico de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).

PRINCIPIOS DISEMINADOS

Recientemente, se ha dado un paso más en la postura regulatoria con el anuncio por parte del gobierno regional extremeño de la implantación de una futura Ley de Responsabilidad Social Empresarial la cual “posibilitará otra manera de gestionar una empresa”, según ha anunciado el director general de Trabajo del gobierno autonómico, Juan Manuel Fortuna. La futura ley pretende tener en cuenta diversas acciones formativas y divulgativas destinadas a los responsables de las empresas, además de un hipotético sello propio que identifique a las firmas socialmente responsables. La idea del sello o certificación no es nueva, ya que está recogida también en la propia Ley de Economía Sostenible, en otra de las disposiciones que deja traslucir la ligereza del texto puesto que tiene en cuenta únicamente aspectos parciales de la responsabilidad social corporativa, tales como una buena gestión medioambiental, una correcta conciliación de la vida familiar o laboral o un buen plan de igualdad, que a pesar de ser aspectos muy importantes de la RSC no bastan por sí solos para calificar una empresa de socialmente responsable.

Por último e iniciativas regulatorias aparte, no puede omitirse el hecho de que los principios de la Responsabilidad Social se encuentran desgranados- para alivio de los que se muestran contrarios a los afanes intervencionistas- en varios textos de la normativa española, , desde el Título I de la Constitución, hasta la multitud de normas laborales y administrativas aisladas que rigen la materia, así como el Real Decreto 290/2004, sobre la regulación de los enclaves laborales como medidas de fomento de empleo de las personas con discapacidad, o la Ley 19/1999, que promueve la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.

15-07-10 para iCNr

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