jueves, 30 de septiembre de 2010

Europa presenta nuevos indicadores para calibrar el desarrollo sostenible

Durante demasiado tiempo, la vertiente económica de las compañías y su desarrollo social y medioambiental han seguido caminos divergentes, opuestos en muchas ocasiones, como respuesta a la creencia errónea de que solamente las inversiones económicas procurarían suculentas cuentas de resultados capaces de satisfacer a los accionistas voraces y a los directivos afanados en las prácticas cortoplacistas. También la gobernanza estatal se ha caracterizado, durante décadas, por una atención más bien precaria a temas tan importantes como la transparencia o la responsabilidad social. La crisis económica y de confianza que ha sacudido los cimientos del escenario económico moderno ha conseguido elevar la Responsabilidad Social Corporativa al limbo de las herramientas de gestión con un gran potencial para favorecer el crecimiento y la supervivencia a largo plazo tanto de las compañías como de los estados. 

En este sentido, autores como Kirchnher proponen incluso que “la  gestión social debe incluir un proceso de diagnóstico-organización-decisión de alternativas-ejecución y control y análisis de rentabilidad e inversión”, fusionando así del modo más estricto posible las dimensiones social y económica.

En su afán por abogar por el desarrollo sostenible, la Comisión Europea ha anunciado el desarrollo de nuevos indicadores para evaluar los avances de los Estados miembros en pro de una “economía más verde”. Son tres los nuevos indicadores que pretenden ponerse en marcha; para medir la ecoeficiencia, la productividad de los recursos –que calibra el grado de uso o abuso de los recursos naturales-y para medir los impactos ambientales y el modo en que se gestionan los residuos. Se trata de ampliar el concepto de desarrollo sostenible tanto en el ámbito público como privado, estableciendo así un sistema de “gobernanza verde” global.

DESARROLLO VERDE

Estos nuevos indicadores abundan en los objetivos de la conocida como “Alianza de la Primavera”, una campaña conjunta impulsada por cuatro grandes organizaciones europeas de la sociedad civil: la Oficina Europea de Medioambiente, la Confederación Europea de Sindicatos, la Plataforma Social y Concorde. La Alianza de la Primavera aboga también por preservar y recuperar los ecosistemas, reduciendo el uso de recursos y el consumo de energía, apostando por la agricultura y la pesca sostenible y prestando mayor atención al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad. Además, la campaña pretende también reducir las desigualdades y erradicar la pobreza; garantizar el acceso universal a los servicios públicos; luchar contra la discriminación y el racismo, y garantizar la igualdad de género y el respeto a los derechos de los inmigrantes. Promover el empleo de calidad, aumentar y mejorar la economía para el desarrollo y fortalecer el control sobre las políticas de la Unión Europea, son otras de las propuestas de esta iniciativa.

La idea es dar impulso para que las próximas acciones de la Unión Europea se orienten en una dirección muy concreta. En primer lugar, el tema medioambiental es uno de los más espinosos de los que  actualmente se encuentran en el candelero, sobre todo desde la fallida Cumbre de Copenhague que hizo retumbar unas alarmas que ya sonaban desde hacía tiempo.  Realmente, los acuerdos políticos sobre el clima y protección ambiental gestados hasta la fecha en los salones de Bruselas no han conseguido reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión europea, que continúan aumentando en todo el mundo.

A su vez, la Unión Europea  ahonda en la idea de modificar su política económica que hasta ahora ha impactado desafortunadamente en la mayor parte de las comunidades locales a lo largo y ancho del planeta. Las políticas sobre comercio, agricultura, pesca, industrias de extracción, medioambiente e inmigración, entre otras, han obstaculizado las oportunidades de estas comunidades para alcanzar un desarrollo sostenible.

Además, tal y como se declaró en la Estrategia en favor del desarrollo sostenible adoptada por la Unión Europea en la cumbre de Gotemburgo de 2001 y en la Carta de los Derechos Fundamentales proclamada en Niza en 2000, la UE se ha comprometido a integrar plenamente en sus políticas y acciones consideraciones de tipo económico, social y medioambiental. La Comisión se compromete a fomentar en mayor medida la integración de los principios de la RSC en las políticas de la UE, publicar un informe en 2004 sobre los resultados del Foro multilateral europeo y establecer en el seno de la Comisión un grupo “interservicios” en materia de RSC. Así, podemos afirmar que la
dimensión externa de la responsabilidad social se hace cada vez más patente. Las encuestas revelan en mayor o menor medida que los consumidores no solamente exigen calidad en los servicios y productos que adquieren, sino que pugnan por tener la certeza de que se han elaborado de manera socialmente responsable. Incluso en tiempos de crisis económica los consumidores estarían dispuestos a pagar un sobreprecio por bienes y servicios socialmente responsable, lo que patentiza su auge creciente.

En conclusión, puede afirmarse que tienen mucho que decir las acciones en pro de la preservación medioambiental, en una Europa donde el exceso de emisiones contaminantes y la mala gestión en relación al comercio de créditos de carbono son todavía un hecho. Europa debe fomentar la contratación pública ecológica, definir con las partes interesadas los objetivos de comportamiento ambiental y social de los productos, aumentar la difusión de innovaciones medioambientales y tecnologías ecológicas y desarrollar la información y el etiquetado adecuados de productos y servicios.

29-09-10 para iCNr

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