miércoles, 8 de septiembre de 2010

Las pautas “responsables” muestran nuevos senderos de actuación para el sector público

Revestida de novedad, portadora de buenas noticias en forma de  propuestas para el desarrollo sostenible, la Responsabilidad Social se abre camino buscando aliados tanto en el sector público -hasta la fecha indiferente y abúlico en lo que respecta a la gestión responsable- como en el privado -inmerso en una profunda crisis de confianza y acostumbrado al cortoplacismo-.

Aún así, superando el concepto de mera utopía, la Responsabilidad Social ha conseguido convertirse en un nuevo “grial” para los agentes sociales y económicos que buscan el desarrollo sostenible y la supervivencia en el largo plazo. En unos tiempos en que la transparencia se esgrime como la tarjeta de visita más adecuada que una organización puede presentar a los grupos de interés, los organismos públicos no pueden tampoco escapar de esta realidad.



Tanto en el sector público como en el privado- y por consiguiente en las relaciones entre ambos- la transparencia se convierte en uno de los escudos más potentes contra la corrupción y en uno de los ingredientes fundamentales de la buena gobernanza. Para el filósofo Max Weber, los distintos tipos de poder social se distinguen por el medio que se utiliza para condicionar el comportamiento de los demás: recursos económicos, fuerza, ideas o simples palabras. En la actualidad, los intrincados y quebradizos nexos de unión entre el poder político, el económico e incluso el ideológico merecen revestirse de una pátina de transparencia y fluidez informativa capaz de prevenir las corruptelas y las malas prácticas.

NUEVO ITINERARIO

Así, mientras la empresa privada acude a las cada vez más exhaustivas directrices de los organismos internacionales- Global Compact, Global Reporting Initiative- en materia de sostenibilidad, el sector público busca también nuevos itinerarios por los que encaminar los pasos de la gestión responsable. De ese modo afloran herramientas como el modelo de evaluación UNE 66182 impulsada por AENOR y la FEMP ( Federación Española de Municipios y Provincias) que busca llevar a cabo una evaluación integral en las administraciones locales a partir de la detección de indicadores que permiten estudiar las prácticas a nivel local en todas las áreas de gestión municipal.La norma UNE 66182 consiste en una guía metodológica que se centra en cuatro grandes áreas de desarrollo: institucional (que supone el 35% de la evaluación), económico sostenible (16%), social incluyente (30%) y ambiental sostenible (19%). El cuestionario está formado por 33 indicadores mínimos de gestión que se desglosan en 135 subindicadores distribuidos en las cuatro áreas.  Pionero en la aplicación de esta metodología es el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, que ha logrado establecer un “plan de mejora” partiendo de las conclusiones obtenidas.

Para Trinidad Yera y José Ramón Pin, del IESE “para gestionar de forma eficaz la aplicación de la norma hay que crear el marco cultural adecuado, en el que todas las personas aportan algo, en el que se usan las herramientas (tecnológicas o no) adecuadas y se fomenta el flujo de mensajes en todas las direcciones. Esto ayudará a disminuir la incertidumbre, reforzar las metas de la empresa convirtiéndola en un organismo ágil, efectivo y, por tanto, más competitivo”.

LEYES CONFUSAS

En contraposición, la mayor parte de la normativa pública en materia de Responsabilidad Social parece seguir ahogándose en un mar de confusión y contradicciones. El- a estas alturas ya manido- borrador de la Ley de Economía sostenible recoge casi textualmente la definición dada por el Informe Brundtland para el concepto de sostenibilidad, entendida como la necesidad de “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer/sacrificar la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades" y pretende orientarse hacia la mejora de la competitividad, estabilidad de las finanzas públicas, fomento de la capacidad innovadora de las empresas, ahorro y eficiencia energética, promoción de las energías limpias, racionalización de la construcción residencial; extensión y mejora de la calidad de la educación e impulso de la formación continua y fortalecimiento y garantía del Estado Social. Sin embargo, analizadas en profundidad,  la mayoría de las de las medidas contempladas por la ley son un revoltijo de normas y pautas que ya estaban en vigor, como la reducción de la mora en los Ayuntamientos o la limitación de trabas administrativas para crear empresas, que ya figuraban en el PlanE.

Como complemento, el pasado mes de julio se aprobaba en consejo de ministros el proyecto de Ley de Economía Social, con la que se reconoce como tarea de interés general la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones más representativas. La nueva norma confirma además un marco jurídico único para un sector que representa el 3% del PIB y que se sitúa en torno a 1.350.000 empleos. El nuevo texto legislativo habrá de enfrentarse al embrolladísimo escenario de las organizaciones sin ánimo de lucro españolas, un sector que – más que nuevas leyes- precisa de nuevas formas de (buen) gobierno y un enfoque más sostenible.

Por último, se ha dado también un amplio paso en el camino de la regulación responsable con el anuncio el pasado mes de julio por parte del gobierno regional extremeño de la implantación de una futura Ley de Responsabilidad Social Empresarial la cual “posibilitará otra manera de gestionar una empresa”. La ley, muy discutida, pretende tener en cuenta diversas acciones formativas y divulgativas destinadas a los responsables de las empresas, además de un hipotético sello propio que identifique a las firmas socialmente responsables. La idea del sello o certificación no es nueva, ya que está recogida también en la propia Ley de Economía Sostenible, en otra de las disposiciones que deja traslucir la ligereza del texto puesto que tiene en cuenta únicamente aspectos parciales de la responsabilidad social corporativa, tales como una buena gestión medioambiental, una correcta conciliación de la vida familiar o laboral o un buen plan de igualdad, que a pesar de ser aspectos muy importantes de la RSC no bastan por sí solos para calificar una empresa de socialmente responsable.

08-09-10 para iCNr

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