martes, 14 de septiembre de 2010

Regulación, pero en su justa medida: el camino para una gestión empresarial sostenible

Corren tiempos sombríos para la gestión corporativa, sometida a feroz escrutinio y en permanente estado de alerta tras la crisis de confianza que ha asolado -todavía lo hace- la esfera económica, política y social. Al tiempo que las compañías lamen sus heridas y tratan de emerger de las cenizas del peor huracán financiero en muchas décadas, los supervivientes han de enfrentarse a un escenario nuevo, más pulido y menos nebuloso, donde emergen conceptos como sostenibilidad, responsabilidad empresarial o diálogo con los grupos de interés. Durante los últimos tiempos, han florecido por doquier guías y pautas de gestión corporativa, nuevas directrices y orientaciones de cumplimiento más o menos voluntario para las empresas que tratan de subirse al carro de la nueva gestión corporativa del siglo XXI.  Se trata de una nueva tendencia que va camino de sentar cátedra, una especie de afán regulador que parte de la necesidad, para muchos, de supervisar y orientar a unas compañías que no han mostrado ser dignas de confianza durante los malos tiempos, que han abogado por la búsqueda de beneficios a corto plazo y han descuidado la transparencia y la relación con los grupos de interés.

De entre las múltiples directrices y pautas que afloran en el panorama internacional destacan las relacionadas con aspectos más o menos novedosos, como los avances de las nuevas tecnologías o la Responsabilidad Social como vía para enderezar la gestión empresarial. Así, los códigos éticos, las directrices sobre economía social y los índices bursátiles responsables- otro método más indirecto de “guiar” a las empresas por el camino de la sostenibilidad y la transparencia- están a la orden del día. Para los adalides de la regulación y de  la verificación externa, éstos son, precisamente,  los únicos métodos válidos para garantizar la conducta responsable de las compañías, ofreciendo además comparabilidad entre corporaciones y una medición empírica del nivel de “cumplimiento” empresarial.

EXCESO TEMIBLE

Sin embargo, existen también argumentos en contra de la regulación, en especial en lo referido a la regulación responsable, tal y como atestigua la reciente polémica en torno a la aprobación de la ISO 26000. El más repetido de ellos alude al hecho de que las compañías una vez experimenten las ventajas competitivas y las mejoras en reputación derivadas de la aplicación de los aspectos codificados- ya sean éstos referidos a gobierno corporativo, responsabilidad social u otros ámbitos- las propias guías y pautas perderán su razón de ser al haber integrado las compañías los contenidos regulados de forma natural en su “core business”:

Por otra parte, los excesos regulatorios, mal llevados,  pueden paralizar o cohibir las decisiones estratégicas de las compañías. Esa es, al menos, una de las principales preocupaciones para los líderes empresariales según la tercera edición del estudio 'Global Business Risk Report. The Top Ten Risks for Business', elaborado por Ernst & Young .Por detrás de la regulación y el cumplimiento normativo, se sitúan el acceso al crédito, la posibilidad de un empeoramiento económico a la vuelta de la recesión y el número de amenazas vinculadas a la gestión de los recursos humanos.

Además, una de las principales novedades de esta edición es que surge un nuevo riesgo que se sitúa entre los diez primeros: la responsabilidad social corporativa y la propia aceptación por la sociedad de algunas actividades empresariales, que ocupa el noveno lugar. Un concepto que a pesar de su auge, está siendo cada vez más cuestionado por expertos como Wayne Visser para el que la RSC “ha fallado” debido a factores relacionados con la falta “de compromiso del gobierno corporativo de la mayoría de las compañías”.

LA IMPORTANCIA DEL “LARGO PLAZO”

De las palabras de Visser se deduce la necesidad de un cambio profundo en el “sentir corporativo” general. Y es que no ha de ser fácil para las compañías abandonar sus antiguos-y obsoletos-modelos de negocio en pro de una gestión más pausada y exenta de beneficios o resultados inmediatos. Ahora mismo el acento debe ponerse en la maximización del valor futuro, en lugar del efímero beneficio actual, proporcionando al mismo tiempo a la comunidad de stakeholders  una información transparente y adecuada para su toma de decisiones. Es revelador en este sentido el informe “Superar el Cortoplacismo” elaborado por el Instituto Aspen, que destaca la comunicación como clave del éxito de la relación a largo plazo entre empresas e inversores, así como la plena integración en la compañía de las cuestiones ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno). La superación del cortoplacismo se centra la atención en gran medida en el papel de los inversores institucionales, y que incentivar a los inversores, fidelizándolos, es el mejor modo de adoptar una estrategia a largo plazo. Así pues, el informe hace recomendaciones tales como mejorar las responsabilidades fiduciarias por parte de los intermediarios financieros y una mayor transparencia en la información al inversor, una figura que va adquiriendo cada vez un papel más sustancial.

 Existen aspectos propios del gobierno corporativo estrechamente ligados con la capacidad de generar reputación corporativa asumiendo prácticas sostenibles a largo plazo. Así, los aspectos relacionados con las remuneraciones de los empleados adquieren gran importancia en aquellas compañías que optan por desarrollar una estrategia corporativa desligada del cortoplacismo y orientada a la sostenibilidad. Una investigación llevada a cabo este mismo año por el Foro Europeo de Inversión Sostenible (Eurosif) junto con la calificadora de sostenibilidad Eiris desvela que sólo el 29% de las empresas europeas pertenecientes al índice FTSE Eurofirst300 incorpora objetivos de RSE en las remuneración de sus ejecutivos. En cuanto a las instituciones financieras, grandes culpables y a la vez víctimas de la crisis económica, representan el 23% del citado índice, pero sólo el 16% tienen un sistema de remuneración vinculado a objetivos responsables.

Para los autores del informe, la crisis financiera internacional ha puesto de manifiesto la necesidad de controlar las remuneraciones empresarias vinculadas sólo a objetivos comerciales y financieros de corto plazo. Ciertamente, y tal y como remarcan desde Eiris, existen  presiones de los inversores, los reguladores y los las organizaciones no gubernamentales para vincular las cuestiones ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno) con resultados financieros adicionales y la remuneración de los ejecutivos. La  investigación muestra que entre las empresas europeas son relativamente pocas los que actualmente dicen hacerlo. Además, aproximadamente la mitad de las empresas que asumen tener las remuneraciones relacionadas con cuestiones ASG no aclaran en qué áreas están vinculadas a la remuneración. Los objetivos deben ser cuantificados, delimitados, verificables y de largo plazo. A la vez, desde Eurosif, aseguran que las cuestiones ASG están cada vez más reconocidas como ligadas a la estabilidad a largo plazo de una empresa. Por ello es esencial que estos criterios se integraren en la estrategia comercial de una empresa, incluidos directamente en sus directrices de remuneración".

En conclusión, y muy en la línea con los aspectos mencionados,  las empresas deben reconocer su responsabilidad  hacia sus grupos de interés y la sociedad en general, y por ello deben ser receptivas a las demandas y peticiones que sus stakeholders les hagan llegar.  Ciertamente no se pueden considerar como éticas las muy dudosas decisiones que han adoptado algunas compañías-para gran escándalo social una vez los hechos fueron desvelados-de remunerar con cifras disparatadas a altos ejecutivos de compañías cuya situación era tan inestable que habían requerido de ayudas gubernamentales o  enormes reducciones de plantilla para sobrevivir a la crisis económica. Sonados han sido los casos de varios bancos americanos, de los que incluso se llegó a considerar  que sus sistemas de incentivos para los ejecutivos eran  una de las causas de la crisis financiera.  Ante este panorama, la sociedad está más que legitimada para exigir nuevas medidas y cambios drásticos en el sistema de remuneraciones, que deben orientarse a premiar a los ejecutivos únicamente cuando éstos han generado un valor para la compañía sostenible a largo plazo.

14-09-10 para iCNr

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