miércoles, 3 de noviembre de 2010

La transparencia también incumbe a las organizaciones sin ánimo de lucro

“Las fundaciones deberían tener los bolsillos de cristal”. Más que una mera pretensión, este contundente deseo planteado por Rusell Leffingwell, el presidente de la Corporación Carnegie en los ya lejanos años 50 representa- o debería hacerlo-uno de los aspectos fundamentales de las organizaciones sin ánimo de lucro. Sin embargo, en unos tiempos en que la transparencia se perfila como el intangible más valorado para las corporaciones y el sector público, en que un diálogo fluido y veraz puede convertirse en una auténtica flauta de Hammelin capaz de ganar confianza y retener una buena reputación llegando a manifestarse en una cuenta de resultados más robusta, existen todavía muchas organizaciones sin ánimo de lucro que mantienen una cierta reserva e incluso parcelan o “podan” la información que sale a la red, sobre todo a la hora de desglosar en detalle a qué y cómo dedican los fondos que reciben.

Ciertamente, aspectos tales como los procesos de concesión de subvenciones, la información sobre las cuotas recibidas, el desglose de los objetivos y la capacidad de “sometimiento” a la opinión pública son cuestiones que incumben a los grupos de interés y merecerían una gestión transparente por parte de las organizaciones.

Hasta tal punto ha llegado esta situación que en Estados Unidos se ha creado recientemente un proyecto que toma su nombre de la frase de Leffingwell, “Glasspockets”, que aborda la misión de “hacer llegar la transparencia al sector de la filantropía” y se encarga de ofrecer informes acerca de la transparencia de las principales fundaciones del país. En España, la situación no es menos complicada, y a la necesidad de aumentar la transparencia se unen las reformas que trae consigo la recién salida del horno Ley de Economía Social, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de julio. La norma pretende sentar las bases regulatorias para una sector que representa nada menos que el  3% del PIB y que se sitúa en torno a 1.350.000 empleos.

El objetivo básico de la Ley es configurar un marco jurídico que suponga el reconocimiento y mejor visibilidad de la economía social, otorgándole una mayor seguridad jurídica, sin pretender sustituir la normativa vigente de cada una de las entidades que conforman el sector, y de ese modo la norma pretende unificar el marco jurídico de cooperativas, mutualidades de previsión social, sociedades laborales, empresas de inserción social, centros especiales de empleo, fundaciones, asociaciones de discapacitados, cofradías de pescadores y sociedades agrarias de transformación. A la par, se crea el Consejo para el Fomento de la Economía Social, órgano asesor de carácter consultivo para las actividades relacionadas con el sector, en el que estarán representadas paritariamente las Administraciones públicas y las entidades de la economía social. En este marco, se pretende la participación de las entidades a través de la confederación intersectorial que sea más representativa y aquellas que sin estar integradas en ella, tengan un peso importante en el sector.

ESCENARIO CONVULSO

Las nuevas pautas que trae consigo la Ley de Economía Social quizás sean complicadas de implantar en un escenario donde- por lo general- el orden y el método han brillado por su ausencia en los últimos tiempos. Ciertamente durante los últimos tiempos en España se han sucedido los tejemanejes y desmanes en el sector, a través de episodios como el que afectó a las fundaciones públicas andaluzas que, tras haber recibido financiación de la Junta de Andalucía con 545 millones, constituyeron una administración paralela para huir del control administrativo. Además, tuvo lugar a finales del año pasado el sobreseimiento de la denuncia contra el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, por supuesta prevaricación y malversación de caudales públicos, al cuestionarse el otorgamiento de una subvención concedida a la Fundación Alternativas de la que fue patrono.

Así las cosas, el tema de la transparencia ha llegado incluso a preocupar a los agentes del propio sector. La Fundación Luis Vives cuenta entre sus publicaciones con un monográfico acerca de la transparencia en el Tercer Sector coordinado por Julia Montserrat, que abarca aspectos como la rendición de cuentas voluntaria y los beneficios de la misma. El documento recoge acertadamente entre otras conclusiones que “los máximos responsables de una organización deben basar su filosofía de la comunicación en transmitir confianza. Si difunden información que da una imagen precisa de la organización crearán un depósito de credibilidad que servirá para afianzar la relación con sus socios. Los donantes, financiadores, usuarios, socios en general, estarán más predispuestos en colaborar con una organización que tenga una buena estrategia de comunicación, la cual genere confianza, que no con otra organización que no genere información externa o que esa información no merezca credibilidad.”

También la Sociedad Internacional de Responsabilidad Humanitaria (Humanitarian Accountability Partnership, HAP) se muestra proclive a la transparencia y aboga por la necesidad de renovar esfuerzos en temas de transparencia y rendición de cuentas ya que "hoy en día hay más organizaciones no gubernamentales de desarrollo que nunca y los fondos que manejan han aumentado sustancialmente en los últimos veinte años". En el evento, se destacó la importancia de mostrar respeto hacia las personas y organizaciones que aportan fondos y cómo "las posibles malas prácticas de unas pocas organizaciones pueden dañar la confianza en el sector".

29-10-10 para iCNr

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